LA IMAGEN DE LA JUSTICIA

Según informaba el otro día este periódico, el  Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha encargado una campaña institucional para que los ciudadanos tengan una imagen más real, léase mejor, de los jueces y de la justicia. Y todo ello por el módico precio de 236.000 euros, que, en opinión de la portavoz del CGPJ Gabriela Bravo, es una nadería comparada con los 12 millones que se gasta, por ejemplo,  Defensa en la promoción de la imagen de las Fuerzas Armadas, que se dedican, entre otras cosas, a desfilar el día 12 de octubre.

Pero vayamos a lo nuestro. Gracias a la campaña de mejora de imagen de los jueces, dentro de poco podremos ver en la prensa y oír en la radio –la televisión, según dijo Bravo, es demasiado cara- que la justicia es igual para  Botín que para El Dioni y que, gracias a la justicia, disfrutamos de libertad y de seguridad a raudales, sin detenerse a explicar con detalle la difícil convivencia de conceptos tan opuestos. Eso sí, parece ser que han desistido de convencernos de que la justicia es, como dicen de SEUR, rápida y segura. Y eso que podían haber tratado de justificar que la velocidad al volante del procedimiento judicial es un peligro constante, pero, en fin, han preferido no intentarlo siquiera.

Y me pregunto yo por qué tiene que dedicarse dinero público para mejorar la imagen de jueces y militares, por qué no se hace lo mismo con los butaneros, por ejemplo, por ser los principales garantes de  la fidelidad conyugal o de los porteros de discoteca por su aportación al desarrollo de la ciencia  o de los empleados de funeraria por su contribución a la vida.

Y sin embargo, puedo entender y entiendo que los jueces se sientan a veces injustamente tratados, aunque deberían asumir también, como ya ha hecho, por ejemplo, el colectivo arbitral, que cualquier hincha desde las gradas puede llegar a acordarse, y no para bien, de su familia.

Sin ir más lejos, la pasada semana los jueces recibieron de lo lindo y no por boca de algún exaltado de la grada sur, sino por selectas voces procedentes de la zona VIP del palco, a causa de dos autos, providencias, sentencias, dictámenes o como quiera que se llamen las decisiones judiciales, que no han sentado nada bien a los Gobiernos de allí y de aquí.

La primera reacción, entre molesta y airada, la originó una providencia de la Audiencia Nacional, que se permitía incluso dudar de la constitucionalidad  del recorte salarial de Zapatero a los funcionarios, alegando que “podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical” en relación con el derecho a la negociación colectiva. La Providencia Judicial ha demostrado, de este modo, que está por encima de lo que dice el FMI, la Unión Europea, el Banco de España, las agencias de calificación o el propio Presidente de Gobierno. Y uno, que, como saben ustedes muy bien, es bastante quisquilloso, se pregunta: Si los jueces son funcionarios públicos, y afectados, por tanto, por el recorte zapateril, ¿No deberían haberse abstenido del asunto por ser parte interesada en el mismo?

La segunda reacción ha procedido de los dominios de Ares y López, y esta vez ha sido porque un juez como Alfonso Guevara, tan duro habitualmente con el terrorismo, ha flaqueado un poco y ha fallado, en el doble sentido del término,  que exhibir carteles con fotos de presos de ETA, pidiendo su acercamiento, pudiera no ser un acto de enaltecimiento del terrorismo ni una muestra de querer menospreciar o vilipendiar a las víctimas.

En fin, los que querían a toda costa poner entre barrotes a la comparsa Txori Barrote o los que creen que las medidas económicas de recorte del gasto son inevitables, no creo que cambien de opinión de repente por muchas operaciones de imagen que emprenda el Poder Judicial. ERPIN