Hay días en que un columnista se la juega a cara o cruz; hoy, por ejemplo. En todos los medios de comunicación la noticia de hoy es la legalización o ilegalización de Bildu o, lo que es igual, la posibilidad o imposibilidad de que esta agrupación pueda concurrir a las próximas elecciones locales y autonómicas. A esta hora todos ustedes conocen ya cuál ha sido la decisión al respecto del Tribunal Constitucional, pero el que suscribe, ay, no tiene ni la menor idea -cosa bastante habitual, por cierto- porque resulta que esta columnilla que está usted leyendo está escrita el martes día 3 de mayo, antes incluso de celebrarse el último partido de la serie Barça-Madrid, cuyo resultado también desconoce.
En esta tesitura no voy a arriesgarme demasiado. Lo único que voy a hacer es adelantarme a las reacciones políticas ante la decisión, sea cual sea, del tribunal que conserva el tarro de las esencias constitucionales.
Supongamos, en primer lugar, que sale cruz y el alto tribunal prohíbe la presencia de Bildu en las urnas. Veo entonces al PP hablar de la fortaleza del Estado de Derecho, del imperio de la ley y expresiones similares que, lejos de tranquilizarme, me asustan, porque no puedo entender el derecho en términos de fuerza ni me cabe en la cabeza esa exhibición de imperialismo legal. Por su parte, el Gobierno, saldrá una y otra vez a explicar que se ha limitado a cumplir su obligación y que acata –como no podía ser de otra manera, dirán- la decisión de los tribunales.
En Euskadi, por el contario, todas las fuerzas nacionalistas, unas, más alto y otras, más bajito, se indignarán –palabra que ha puesto de moda el franco-alemán Stephane Hessel- ante una decisión que consideran totalmente injusta y, con más o menos convicción, anunciarán su intención de apelar a tribunales más altos o al menos más lejanos. A este coro se añadirá alguna voz socialista suelta que considerará un error el auto judicial.
Pero supongamos ahora que sale cara y el ínclito tribunal autoriza la presencia electoral de la agrupación Bildu. Veo entonces al PP decir oficialmente que acata la decisión, mientras oficiosamente ataca tal decisión. Y como pasar de acatar a atacar es tan fácil, todos los medios del entorno del PP y aledaños empezarán una larga campaña de ataques al gobierno por su doble juego, volverán a sacar a Mayor Oreja del armario para insistir –ya lo decía yo, dirá- en la supuesta negociación del Gobierno con ETA y no se cansarán de repetir que la presencia de ETA en ayuntamientos y diputaciones supone la derrota del Estado de Derecho. Por su parte, el Gobierno, -me he limitado a copiar el párrafo del anterior supuesto- saldrá una y otra vez a explicar que se ha limitado a cumplir su obligación y que acata –como no podía ser de otra manera, dirán- la decisión de los tribunales. Y a partir de ahí se dedicará a defenderse de los desaforados ataques de la carcundia.
En Euskadi, entre tanto, todas las fuerzas nacionalistas, unas, más alto y otras, más bajito, se felicitarán por la presencia de todas las opciones políticas en las urnas y afirmarán que jurídicamente no cabía otra decisión en un sistema democrático que se precie de ello.
Pero, sea una u otra la decisión del Tribunal Constitucional, no hace falta esperar al filo de las doce de la noche para afirmar que el Ebro, que como siempre guarda prudente silencio, es cada día más una línea divisoria entre dos concepciones mayoritarias y dos modos distintos de ver una misma realidad, lo que está configurando de facto un distanciamiento perceptivo y una desafección real en Euskadi que los que alertan noche y día de que “España se rompe” contribuyen, a modo de profecía autocumplida, a incrementar.
Por eso, la decisión de hoy es tan importante. Porque no se puede construir un país unido y mantener una relación amable entre los pueblos que lo forman, privando a una parte de la población de los derechos políticos más elementales.
Y por eso también, me juego el cuello que la moneda del Tribunal Constitucional será esta vez cara.
Erpin (Publicado el 6-05-2011)
Erpin (Publicado el 6-05-2011)
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